Rector USM expone ante Comisión de Educación del Senado por tramitación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad

23 · abril · 2019

El Vicepresidente Ejecutivo Alterno del Consejo de Rectores, Darcy Fuenzalida expuso los alcances y las nuevas recomendaciones del conglomerado universitario ad portas de la votación de la Ley Corta en la Cámara Alta.

Como representante del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), el Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, expuso ante la Comisión de Educación del Senado para apoyar y presentar las recomendaciones de la entidad, para ser consideradas en la tramitación de la Ley Corta sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que aborda los nuevos criterios para las acreditaciones en la educación superior y los plazos que allí se establecen según la Ley 21.091.

En dicha instancia, el Vicepresidente Ejecutivo Alterno del CRUCH afirmó que “en la Ley 21.091, aprobada el año pasado, quedaron vacíos y transitoriedades no resueltas que esperamos sean solucionadas con esta nueva Ley Corta a la reforma de Educación Superior. Como CRUCH validamos esta propuesta presentada por el Ejecutivo, con tal fuerza, que presentamos ante el Mineduc cuatro propuestas que fueron acogidas en este proyecto de Ley que hoy está en discusión”.

Los puntos planteados por el CRUCH, que fueron integrados a esta Ley Corta, consisten en la extensión del plazo para la aplicación de nuevos criterios y estándares de la acreditación institucional; otorgar validez y reconocimiento a los procesos de acreditación en curso ante las agencias privadas; reponer el recurso de apelación de las resoluciones relativas a las pedagogías y otras carreras de acreditación obligatorias; y, otorgar a la acreditación obligatoria de doctorado un periodo de transitoriedad.

Sin embargo, el Rector de la USM planteó la necesidad de considerar algunas recomendaciones y preocupaciones del Consejo de Rectores en esta tramitación. “Debemos tener conciencia de que hay un cambio conceptual en el Sistema de Acreditación de nuestra Educación Superior, por lo tanto, se debe socializar y dejar claro qué es lo que se entiende por este nuevo modelo de Aseguramiento de la Calidad. Este es un tema país y, por lo tanto, debemos estar conscientes todos los actores involucrados y, por supuesto, la sociedad que finalmente basa su fe pública en el mecanismo que tenemos en todas nuestras instituciones”, sostuvo.

Cautelar nuevos criterios y estándares

En esta línea, Fuenzalida agregó que “la Ley entrega atribuciones que no estaban contempladas antes, pero al mismo tiempo se visualizan algunas superposiciones de facultades y aquí hay que tener dos cuidados: que estas facultades -en su ejercicio- cautelen la diversidad que hoy tenemos instaladas en el sistema; y, evitar la superposición de tareas porque, de otro modo, vamos a generar en el sistema insuficiencias y burocracias innecesarias. Con la generación, por ejemplo, de estándares -si bien es necesaria para tener claridad- hay que tener cuidado con la envergadura con la cual se instala porque podría ser un perjuicio en cuanto obligue a las instituciones a homogeneizarse para cumplir con las exigencias de los futuros procesos de acreditación”.

Además, añadió que debe considerarse la relevancia y la pertinencia de las definiciones que se utilicen en esta nueva Ley Corta, las que deben –de acuerdo al CRUCH- orientarse y potenciar a los distintos proyectos institucionales, así como también respetar la autonomía institucional valorizando la diversidad del sistema de Educación Superior. “Se debe permitir el desarrollo pleno de las instituciones; y, que sean pertinentes a las necesidades de los distintos contextos educacionales, por ejemplo, el tema de la regionalización. Los proyectos educacionales tienen que conversar con sus regiones y eso tiene que estar incorporado en las lógicas de exigencia o de criterios que se van a instalar en el envío de esta Ley”, indicó.

La Ley N° 21.091, cuya reforma se tramitará prontamente en el Senado, introduce cambios sustantivos al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, entre los que se incluye una reforma a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); cambios en la acreditación de carreras y programas de pre y posgrado; modificaciones a la acreditación institucional, estableciendo nuevos criterios y estándares; además de la creación de una Subsecretaría y Superintendencia específica para el ámbito de Educación Superior.

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